domingo, 26 de septiembre de 2010

Carta a los "Honorables" Senadores



Domingo 26 de Septiembre 2010

"Honorable" Senador/a

Presente,

Como ciudadano chileno y consciente, quiero trasmitir a usted mi preocupación por la grave situación que están viviendo hoy 34 presos políticos mapuche en Huelga de Hambre, a varios de los cuales se les está aplicando La Ley Nº 18.314 o Ley Antiterrorista.

Le recuerdo (por si la amnesia obligatoria los ha tenido como víctimas) que dicha ley fue gestada en 1984 y fue promulgada no por un “Poder Legislativo”, sino por una “Junta Militar” que reemplazo al Poder Legislativo legitimamente constituido con anterioridad. Esta ley lleva la firma del dictador Augusto Pinochet y del "ministro del interior" Sergio Onofre Jarpa. Es decir, los activistas mapuches están siendo juzgados bajo una ley gestada bajo un régimen dictatorial carente de legitimidad, vale decir, están siendo acusados de terroristas invocando una ley creada por terroristas, ¡¡qué paradoja!!. A la luz de lo ya señalado nos preguntamos por qué se juzga a personas bajo ese cargo siendo que ante el mundo en Chile no existe Terrorismo. Resulta a todas luces una situación contradictoria.

Se ha postulado el "Estado de Derecho" como el pilar fundamental de las democracias modernas, sociedades reguladas jurídicamente; que asegura la igualdad ante la ley y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, los presos mapuche han sido víctimas de atroces violaciones jurídicas: dobles procesamientos, fiscalías y tribunales militares y leyes especiales heredadas de la dictadura. Sin contar las golpizas y torturas que han sufrido intermitentemente y un inhumano régimen carcelario. Además de sufrir aberraciones jurídicas como el Secreto de la investigación durante casi todo el proceso, que impide el derecho a la defensa. Prisión preventiva durante todo el proceso para la mayoría de los imputados (más de un año), no respetando la presunción de inocencia, supuestamente, garantizada por el actual sistema judicial chileno. Testigos "sin rostro" o secretos, es decir, testigos que no se sabe si son reales,inventados (los cuáles incluso podrían ser mismos agentes del Estado) o si tienen alguna animadversión en contra de los imputados, muchos de los cuales son instrumentalizados por la policía y fiscales.

Ante estos hechos, propios de los ejercicios en dictadura, solicito a usted ejercer todas las atribuciones que le otorga su cargo, para materialización las siguientes medidas:


-Que se apruebe especialmente la indicación renovada, agregando el artículo 2° bis, nuevo, a la ley Nº 18.314 sobre conductas terroristas, a fin de restringir el alcance de los delitos contra la propiedad como tales conductas. De lo contrario la presunta modificación a la ley anunciada por el gobierno pasa a ser mera teoría.


-Ante la postura que han planteado parlamentarios de la "Alianza". Exijo a usted su reflexión sobre la irracionalidad jurídica de condenar a imputados mapuche bajo el “presunto” delito de incendio bajo esta ley, a presidios de hasta 30 años y a otros lideres mapuches por otros “presuntos” delitos a condenas de más 100 años de condena, que es equivalente a un PRESIDIO PERPETUO. Siendo que a violadores de Derechos Humanos como Manuel Contreras que si han cometido terrorismo de Estado, se le haya aplicado una condena a 17 años por doble Homicidio calificado otorgándoseles, además, un justo y debido proceso, que es –precisamente- lo que los presos políticos mapuches no han recibido, y es lo que están reclamando hoy.


-Asimismo se debe recordar que es contraproducente y antidemocrático que un Estado en Democracia esté regido aún bajo la "Constitución" y las leyes de una Dictadura de hace 20 años que -aunque haya sido modificada- sigue constituyéndose en un caldo de cultivo para cometer atropellos a los derechos humanos de personas de la etnia mapuche, que es un pueblo VULNERABLE. Cuando una democracia tiene toda la capacidad legislativa para gestar una nueva ley que cumpla con todos los estándares internacionales y garantice un juicio justo y debido proceso a sus ciudadanos.


-Debe realizarse una total revisión política en cómo se ha tratado el "conflicto mapuche", prestando especial atención al análisis de las RAÍCES HISTÓRICAS y causas estructurales de la conflictividad Social y Medioambiental antes del enjuiciamiento y el castigo a los líderes mapuche. Buscar alternativas basadas en un verdadero diálogo y no en practicas de represión como se está llevando a cabo en las comunidades hasta HOY.

-Se debe terminar con la criminalización de la protesta social de los presos políticos mapuche, lo cual cabe en el CONVENIO 169 de la OIT, que es un tratado de Derechos Humanos, que está vigente en Chile, mediante el cual se puede establecer que se han violado derechos fundamentales de la etnia mapuche.

Por todo ello, Recordando que el Presidente Sebastián Piñera, antes y durante su campaña presidencial manifestó estar en contra de los actos criminales realizados en Dictadura, resulta entonces contraproducente que el gobierno diga NO a esos crímenes y diga SI a la aplicación de leyes gestadas por quienes cometieron esos crímenes.

Por eso demandamos del gobierno y de los demás poderes del Estado su actuación urgente en búsqueda de una solución basada en el dialogo de buena fe sobre las legítimas exigencias del pueblo mapuche.

Esperando una buena acogida a esta carta de solidaridad con los presos políticos mapuche en huelga y el pueblo mapuche, se considere las justas demandas antes expuestas.


Le Saluda Atentamente...



PD: Basada en la misiva base de la agrupación "Ancestral Nación Mapuche"

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